Los nuevos elementos fueron presentados ayer lunes por el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Mauricio Pazarán Álvarez, y forman parte de cuatro líneas de investigación desarrolladas por las autoridades para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la Mañanera del Pueblo, el análisis de las comunicaciones permitió establecer patrones que no habían sido detectados en investigaciones anteriores.
Entre ellos aparecen intercambios entre integrantes de Guerreros Unidos y personas vinculadas con establecimientos funerarios, servicios médicos y autoridades locales.
La investigación también documentó que una persona relacionada con una funeraria utilizó posteriormente el teléfono de uno de los estudiantes desaparecidos. Ese hallazgo condujo a nuevas diligencias y cateos en instalaciones vinculadas con funerarias y el SEMEFO de Iguala.
Cateos en funerarias y el SEMEFO de Iguala
Una de las líneas que ahora profundiza la Fiscalía se concentra en la posible utilización de funerarias y del SEMEFO para la manipulación o desaparición de evidencias relacionadas con los hechos de Iguala.
Durante las diligencias fueron localizados fragmentos óseos, armas, documentación oficial con espacios en blanco y un horno crematorio cuya operación es investigada por las autoridades. La revisión de los restos está siendo incorporada a los análisis periciales del caso.
La FGR informó que los trabajos antropológicos y genéticos cuentan con acompañamiento especializado del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), a petición de las familias de los estudiantes. La finalidad es determinar el origen e identidad de los restos y establecer si existe alguna relación con los normalistas desaparecidos.
El expediente también registra un hallazgo realizado en marzo de 2026 en el patio posterior del SEMEFO, cuyos análisis establecieron una coincidencia genética con otro fragmento localizado previamente en Guerrero. Este tipo de correspondencias forma parte de las pruebas que ahora son integradas a la nueva línea de investigación.
Revisión de llamadas abre 17 nuevos objetivos
El reanálisis de registros telefónicos de 2014 y 2015 constituye uno de los principales cambios metodológicos de la investigación.
La Fiscalía señaló que ahora puede reconstruir con mayor precisión quién se comunicó con quién, en qué momentos y con qué frecuencia durante el periodo crítico de la desaparición de los estudiantes. Ese ejercicio permitió identificar 17 nuevos objetivos sujetos a investigación y establecer posibles vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, funcionarios y particulares relacionados con funerarias.
Uno de los cruces llevó hasta un empresario funerario cuya familia tenía participación en distintos servicios relacionados con el manejo de cuerpos en Iguala. Las autoridades investigan ahora las comunicaciones y actividades desarrolladas alrededor de esos establecimientos durante los días posteriores a la desaparición de los estudiantes.
La línea no implica por sí misma que todas las personas identificadas hayan participado en la desaparición. Se trata de nuevos sujetos incorporados a la investigación a partir de los datos obtenidos mediante el análisis de comunicaciones y otras evidencias.
Los teléfonos de los normalistas, otra pieza de la investigación
El rastreo de los teléfonos utilizados posteriormente por algunos de los estudiantes también permitió abrir nuevas líneas.
La investigación estableció que al menos algunos de los dispositivos cambiaron de usuario después de la desaparición. Uno de esos rastros condujo hacia personas vinculadas con autoridades municipales y reforzó la hipótesis de que parte de los estudiantes pudo haber pasado por instalaciones de la Policía Municipal de Iguala antes de ser desaparecidos.
La Fiscalía mantiene esta línea a partir de registros telefónicos, declaraciones de policías y otros testimonios. Las autoridades también investigan el posible ocultamiento de videograbaciones del Palacio de Justicia de Iguala, material considerado relevante para reconstruir lo ocurrido aquella noche.
30 detenciones desde octubre de 2024
La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa reportó 30 detenciones realizadas entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 dentro de las investigaciones del caso.
El universo de personas procesadas es mayor. La información presentada por las autoridades señala que existen 168 personas procesadas, de las cuales 130 se encuentran en prisión y 38 enfrentan medidas cautelares distintas. Además, hay 162 expedientes relacionados con el caso: 60 averiguaciones previas, 42 carpetas de investigación y 60 causas penales.
Entre las investigaciones se encuentran las relacionadas con el uso posterior de los teléfonos de los normalistas, la posible intervención de funcionarios y policías, así como la desaparición de grabaciones del Palacio de Justicia.
Las autoridades también han judicializado a exfuncionarios por hechos vinculados con el manejo de información y evidencias relacionadas con la desaparición.
Una investigación que se aparta de la llamada “Verdad Histórica”
Los nuevos hallazgos amplían las rutas de investigación desarrolladas después de la llamada “Verdad Histórica”, presentada en 2015 por la entonces Procuraduría General de la República durante la gestión de Jesús Murillo Karam.
Aquella versión sostuvo que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y que sus restos habían sido arrojados al río San Juan. Posteriormente, investigaciones de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes cuestionaron elementos centrales de esa reconstrucción.
En 2022, la Comisión para la Verdad sostuvo que la desaparición de los estudiantes constituyó un crimen de Estado y señaló la participación de integrantes de Guerreros Unidos y agentes de distintas instituciones. El Gobierno federal también ha sostenido que la llamada “Verdad Histórica” fue una construcción que ocultó elementos relevantes de los hechos.
La investigación actual no se limita a reconstruir el destino de los estudiantes después de su desaparición. También busca determinar qué ocurrió con ellos durante las primeras horas, quiénes participaron, qué autoridades tuvieron conocimiento de los hechos y cómo pudieron haberse ocultado evidencias.
El caso Ayotzinapa mantiene abiertas varias líneas
A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, la FGR mantiene abiertas distintas líneas de investigación y búsqueda. La propia autoridad reconoce que los nuevos elementos deben ser sometidos a análisis pericial y judicial antes de establecer responsabilidades.
La identificación de 17 nuevos objetivos, los vínculos telefónicos con personas relacionadas con funerarias, los indicios localizados en instalaciones del SEMEFO y el seguimiento de los teléfonos utilizados posteriormente por algunos estudiantes amplían el expediente hacia actores que no habían sido investigados con anterioridad.
Hasta ahora, los restos de tres de los 43 estudiantes han sido identificados oficialmente. Las nuevas diligencias buscan establecer si otros restos recuperados durante los operativos recientes guardan relación con los normalistas y, al mismo tiempo, reconstruir las circunstancias que rodearon su desaparición.
